Alberto Fernández pidió a legisladores del Frente de Todos que analicen el juicio político contra funcionarios del GCBA

En cadena nacional, Alberto Fernández se refirió a la filtración de chats entre jueces y funcionarios por un vuelo privado a Lago Escondido, que se investiga por el posible delito de “dádivas”. Por eso, pidió al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que “evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados”.

Hasta el momento, del Gobierno porteño se mencionó en la filtración al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, quien este mismo lunes hizo un descargo en redes sociales.

También apareció el nombre de Juan Batista Mahiques, fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires.

Del mismo modo, el bloque del FdT en la Legislatura porteña presentó dos proyectos de resolución para exigir el juicio político de ambos funcionarios.

Asimismo, se emitió este comunicado: “Desde el bloque de Legisladores y Legisladoras del Frente de Todos, exigimos el juicio político al Ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D´Alessandro, por su participación en un viaje financiado por el Grupo Clarín, del que también participaron fiscales, jueces, y ex agentes de inteligencia. También exigimos Juicio Político al Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques por el intento de ocultar las pruebas de dicho financiamiento. Los hechos mencionados evidencian la comisión de diversos delitos, de acuerdo a los más elementales criterios de ética pública y confirman la existencia de una mesa judicial que incluye a funcionarios del macrismo, además de operadores mediáticos, agentes de inteligencia y ejecutivos del Grupo Clarín”.

“La cantidad de posibles delitos confesados, planeados y sugeridos en las conversaciones que dieron a conocer estos hechos y la activa participación en ellas de D’Alessandro y Mahiques desbordan las previsiones de los más escépticos. Recibir dádivas, encubrirlas falsificando documentos, presionar fiscales y periodistas, armar causas, prometer cárcel a los díscolos: todo es válido para esta suerte de poder paralelo, que nada casualmente integran el juez Julián Ercolini, quien instruyó la causa -inocultablemente “trucha”- de Vialidad contra la Vicepresidenta de la Nación, así como el Ministro Porteño responsable de vallar su casa. El rol ocupado por Juan Bautista Mahiques en la Ciudad de Buenos Aires como Fiscal General fue brindar protección y una base de operaciones perfecta a este entramado judicial, algo largamente sospechado y que ahora ha quedado finalmente expuesto, a la vista de toda la sociedad argentina”, sumaron.

“La connivencia de la Policía de la Ciudad, a cargo de Marcelo D’Alessandro, con la persecución y el hostigamiento a la Vicepresidenta, ya había quedado expuesta en varias oportunidades: desde su participación como auxiliar de justicia en causas federales en la Provincia de Santa Cruz, hasta la inacción frente al acoso y las agresiones a la Vicepresidenta en su despacho del Congreso, sin detenciones por hechos tan graves como arrojar piedras y bombas molotov, como así tampoco por llevar bolsas mortuorias a la Casa Rosada. La impunidad con la que se manejó este entramado que compromete a funcionarios políticos y judiciales vinculados a Macri y Larreta devela que no se trata solo de negocios, sino de persecución, complicidad mediática con pautas millonarias y espionaje ilegal, todo esto al servicio de un sistema de injusticia e inequidad que necesita presa a Cristina para perpetuarse. Repudiamos este manejo antidemocrático que busca desestabilizar, completamente inaceptable para una sociedad que recuperó el Estado de Derecho con un costo social enorme”, concluyó el bloque.

En tanto, durante la cadena, el presidente dijo: “Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica. Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno”.

“Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia. Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido”, describió sobre lo sucedido.

“Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan. Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia. No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12” se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes”, sumó.

Además de la solicitud al bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña, el presidente instruyó al Ministro de Justicia “a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento”. Instruyó “al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales”.

Pidió al Congreso de la Nación “que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación”.

En base a una filtración realizada por un hacker, se supo que en octubre de este año existió un intercambio de mensajes de audio entre Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro -propietario de la línea hackeada- y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.

También se menciona al director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de los mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido, en la inmensa propiedad del británico Joe Lewis en las afueras de El Bolsón.

El grupo de chat se creó al parecer para unificar criterios de acción y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de “dádivas” (recibir regalos o prebendas que son entregadas “en consideración de su oficio” y mientras se está en ejercicio del cargo).

La denuncia fue hecha en el Consejo de la Magistratura por el penalista Luciano Almonacid por “mal desempeño de sus funciones” contra Ercolini, Mahiques, Cayssials y Yadarola, a quienes el letrado acusó de incumplir normas constitucionales, legales y reglamentarias e incurrir en “graves desórdenes” de conducta en tanto magistrados.